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Washington, EE.UU. –
El presidente Donald Trump firmó este jueves una orden ejecutiva que autoriza a los estados y ciudades de Estados Unidos a remover de las calles a personas sin hogar y trasladarlas a centros de tratamiento, incluso sin su consentimiento, en una medida que ha generado fuertes críticas por parte de organizaciones de derechos civiles.
La orden, titulada “Acabar con la delincuencia y el desorden en las calles estadounidenses”, plantea un cambio drástico en la política de atención a personas sin techo, priorizando, según Trump, la seguridad pública sobre la autonomía individual.
“El traslado de las personas sin hogar a instituciones de larga estancia para que reciban un trato humano mediante el uso adecuado del internamiento civil restablecerá el orden público”, se lee en el documento.
Más allá del consentimiento
La medida instruye a la fiscal general, Pam Bondi, a tomar acciones legales para revocar precedentes judiciales que impiden a los gobiernos locales realizar internamientos civiles forzosos. Asimismo, le ordena apoyar legal y logísticamente a las autoridades que busquen implementar centros obligatorios de tratamiento para personas sin hogar, especialmente aquellas con enfermedades mentales o que “no pueden cuidar de sí mismas”.
Además, exige a varias agencias federales —incluyendo Justicia, Salud y Servicios Humanos, Vivienda y Transporte— priorizar las subvenciones federales para los gobiernos locales que hagan cumplir restricciones contra el consumo de drogas, acampada en zonas urbanas o vagabundeo.
Preocupación por vigilancia y derechos humanos
La Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) denunció que la orden ejecutiva autoriza una amplia recopilación de datos sobre personas sin hogar y personas con discapacidades mentales, lo cual podría resultar en violaciones de privacidad y justificar políticas de criminalización y vigilancia masiva.
“Encarcelar a las personas en instituciones cerradas y obligarlas a recibir tratamiento no resolverá la falta de vivienda ni ayudará a personas con discapacidad. Todo lo contrario: las instituciones son peligrosas y el tratamiento forzado no funciona”, advirtió Scout Katovich, abogada del Centro Trone para la Justicia y la Igualdad de la ACLU.
Katovich también recordó que Trump ha impulsado recortes sociales que afectan directamente a las poblaciones vulnerables, incluyendo la reciente reducción drástica de fondos a Medicaid, uno de los principales programas de salud pública que financian servicios de salud mental y adicciones en EE.UU.
Contexto: crisis de vivienda sin precedentes
La orden ejecutiva se produce tras la directiva presidencial emitida en marzo, que ordenaba al Servicio de Parques Nacionales desmontar campamentos de personas sin hogar en terrenos federales y eliminar grafitis. Según datos citados por la propia Casa Blanca, más de 274,000 personas durmieron en las calles en una sola noche durante 2024, la cifra más alta jamás registrada en el país.
Trump ha enmarcado el problema de las personas sin hogar como un tema de orden público y limpieza urbana, en contraste con los enfoques de salud pública, vivienda asequible y derechos humanos defendidos por organizaciones civiles.
