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Washington, D.C.— Un tribunal federal de apelaciones en Estados Unidos anuló este viernes el acuerdo que permitía a Khalid Sheikh Mohammed (KSM), presunto autor intelectual de los atentados del 11 de septiembre de 2001, evitar la pena de muerte a cambio de declararse culpable y colaborar con la justicia.
El fallo, emitido por el Tribunal de Apelaciones del Circuito del Distrito de Columbia, representa un nuevo revés en el complejo proceso judicial contra Mohammed y sus coacusados, detenidos en la base de Guantánamo y acusados desde 2012 de terrorismo, secuestro, asesinato y violaciones del derecho de guerra.
El acuerdo, negociado durante dos años y respaldado por fiscales militares, contemplaba cadena perpetua sin libertad condicional para Mohammed, Walid bin Attash y Mustafa al-Hawsawi, y requería que respondieran a las preguntas de las familias de las víctimas. Sin embargo, fue revocado en julio de 2024 por el entonces secretario de Defensa, Lloyd Austin, quien argumentó que la decisión sobre la pena máxima debía recaer únicamente en su oficina.
El tribunal, con una votación de 2 a 1, dictaminó que Austin actuó dentro de sus atribuciones, criticando la validación previa del acuerdo por parte de un juez militar. Las juezas Patricia Millett (designada por Obama) y Neomi Rao (nombrada por Trump) respaldaron la decisión; mientras que el juez disidente Robert Wilkins expresó que el Gobierno no había demostrado de forma clara que el juez militar se equivocó.
La anulación del pacto revive la posibilidad de la pena de muerte y deja sin efecto la solución negociada, lo que implica que el juicio contra Mohammed y sus coacusados continuará sin resolución a corto plazo. Un juicio completo podría tardar al menos 18 meses, según estimaciones previas del equipo de defensa en Guantánamo.
El caso ha estado marcado por debates sobre la legalidad del proceso y el uso de tortura por parte de la CIA, tema que el acuerdo buscaba evitar. Capturado en 2003 en Pakistán, Mohammed pasó tres años en prisiones clandestinas de la CIA antes de ser trasladado a Guantánamo en 2006.
Con este fallo, uno de los procesos judiciales más importantes en la historia de la seguridad nacional estadounidense sigue sin un desenlace claro, tras más de dos décadas de estancamientos legales, controversias y desafíos logísticos.