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El presidente surcoreano, Yoon Suk Yeol, anunció la implementación de la ley marcial como una medida excepcional para salvaguardar el orden constitucional y enfrentar lo que describió como amenazas de “fuerzas comunistas” vinculadas a Corea del Norte. La sorpresiva decisión, tomada el martes por la noche, marcó la primera vez que se recurre a esta medida desde la década de 1980, generando una ola de críticas nacionales e internacionales.
¿Por qué se declaró la ley marcial?
En su discurso televisado, Yoon justificó la declaración afirmando que era necesaria para proteger la democracia liberal de Corea del Sur ante las «amenazas internas y externas». Aunque no se presentaron pruebas concretas sobre un peligro inminente desde Pyongyang, el mandatario acusó a adversarios políticos locales de socavar el gobierno con actividades que calificó como «antiestatales».
“La Asamblea Nacional se ha convertido en un refugio para delincuentes, una guarida de la dictadura legislativa que busca paralizar nuestro sistema democrático”, sostuvo Yoon. Además, aseguró que elementos subversivos estaban debilitando la libertad y la felicidad del pueblo surcoreano.
La ley marcial otorgaba poderes extraordinarios al ejército, encabezado por el General Park An-su, incluyendo:
- Suspensión de actividades políticas: Se prohibieron todas las reuniones de la Asamblea Nacional, consejos locales, partidos políticos y asociaciones.
- Censura de los medios de comunicación: Todos los contenidos pasarían a estar bajo control militar.
- Restricción de derechos civiles: Se autorizó a las autoridades militares a realizar detenciones, registros y arrestos sin orden judicial, en cumplimiento de los Artículos 9 y 14 de la Ley Marcial.
La medida generó una reacción inmediata de la oposición política, la sociedad civil y la comunidad internacional, que cuestionaron la legitimidad y proporcionalidad de la acción.
El rol del Parlamento y el giro político
En una sesión extraordinaria, la Asamblea Nacional, dominada por la oposición, votó por amplia mayoría (190 votos a favor) la revocación de la ley marcial. Según la Constitución de Corea del Sur, una vez que el Parlamento solicita el levantamiento de esta medida, el presidente está obligado a acatar la decisión.
Ante la presión legislativa y las multitudinarias protestas que se desencadenaron en todo el país, Yoon anunció la retirada de la medida en un discurso televisado, indicando que las tropas desplegadas serían retiradas y que el gabinete oficializaría el fin de la ley marcial en una reunión inmediata.
Reacciones internas y externas
La decisión inicial de declarar la ley marcial fue ampliamente criticada, incluso por figuras clave dentro del propio partido de Yoon. Han Dong-hoon, líder del partido gobernante, calificó la medida como un error y aseguró que trabajaría junto a la ciudadanía para “bloquearla”.
Estados Unidos expresó “profunda preocupación” por la situación, revelando que no fue informado previamente de la decisión. La administración Biden aseguró que monitoreaba de cerca los acontecimientos en Seúl. Naciones Unidas y países como China y Reino Unido también manifestaron inquietud por el impacto de la medida en la estabilidad regional.
El impacto histórico de la ley marcial en Corea del Sur
La ley marcial tiene un peso simbólico y político significativo en Corea del Sur. Desde la fundación de la República en 1948, ha sido declarada en 10 ocasiones, generalmente en respuesta a crisis graves como la Guerra de Corea o la rebelión de Yeosu-Suncheon.
Casos recientes como el de 1980, bajo el dictador Chun Doo-hwan, marcaron episodios oscuros en la historia del país, con la represión violenta del levantamiento de Gwangju, donde se estima que el ejército mató a unos 600 civiles. Este precedente alimentó el rechazo social a la decisión de Yoon.
Un golpe a la popularidad presidencial
El intento de Yoon por instaurar la ley marcial ha debilitado aún más su posición política, especialmente en un contexto donde sus índices de popularidad ya eran bajos. Aunque argumentó que su intención era proteger a Corea del Sur de amenazas externas e internas, la percepción generalizada fue que la medida tenía un trasfondo político para consolidar el poder frente a un Parlamento opositor.
El rechazo social y legislativo ha subrayado la fuerza de las instituciones democráticas del país y ha evidenciado las limitaciones del Ejecutivo en un sistema de pesos y contrapesos. Con la derogación de la ley marcial, Corea del Sur continúa navegando por un camino de tensiones políticas que pone a prueba su estabilidad democrática.
