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Santo Domingo. Mientras miles de ciudadanos dominicanos enfrentan carencias en servicios esenciales como salud, educación y agua potable, el Senado de la República Dominicana continúa ejecutando millonarios gastos en artículos de lujo, actividades protocolares y mobiliario exclusivo, sin ofrecer informes públicos claros desde hace más de una década.
Pese a manejar un presupuesto superior a los RD$2,500 millones en 2025, esta institución legislativa no ha sido auditada por la Cámara de Cuentas desde 2014. El uso de estos fondos ha suscitado fuertes cuestionamientos por la falta de controles, rendición de cuentas y por los privilegios que parecen desproporcionados frente a la realidad nacional.
De acuerdo con reportes de adquisiciones, solo entre enero y marzo de este año se realizaron 547 compras directas por más de RD$30 millones, la mayoría sin licitación pública ni comparación de precios.
Algunos de los gastos detallados incluyen:
- RD$256,000 en sobres y folders con pan de oro.
- Cortinas de RD$114,000 cada una para el Salón de la Asamblea.
- RD$500,000 en un compartir navideño realizado en enero, tras haber pasado la Navidad.
- Sillones ejecutivos por RD$177,000 la unidad.
- Centros de mesa con flores naturales por RD$21,000.
- Reparaciones de vehículos oficiales, como una Land Cruiser con arreglo valorado en RD$237,000.
A esto se suma una nómina de más de 2,200 empleados fijos para apenas 34 senadores, con un gasto mensual en salarios de RD$93 millones. Entre los registrados figuran decenas de asesores sin funciones documentadas y posibles vínculos familiares, según sugieren nombres recurrentes en la nómina.
Frente a estos datos, surgen inquietudes legítimas sobre la fiscalización interna del Senado y la ausencia de auditorías oficiales que respalden la transparencia en el manejo de fondos públicos.
Cada gasto injustificado representa recursos que podrían destinarse a escuelas sin pupitres, hospitales sin insumos o comunidades carentes de servicios básicos.
La ciudadanía, como principal garante de la democracia, mantiene el derecho de exigir explicaciones y rendición de cuentas a las instituciones que, con fondos del erario, están llamadas a representar y servir al interés nacional.
