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Redacción – El Dato. La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (ProCompetencia) valoró como un paso significativo la incorporación de varias de sus recomendaciones técnicas en la recién promulgada Ley 47-25 de Contrataciones Públicas, orientadas a prevenir prácticas anticompetitivas y fortalecer la participación en los procesos de compras del Estado.
Uno de los principales avances destacados por la entidad es la inclusión, en el artículo 89, de la obligación de presentar una declaración jurada de oferta libre de colusión. Con esta disposición, cada oferente debe certificar que su propuesta es auténtica y que no ha participado en ningún acuerdo concertado para manipular los resultados del proceso licitatorio.
Asimismo, se modificó el artículo 116 de la nueva ley para establecer la exclusión de oferentes involucrados en prácticas prohibidas, incluyendo explícitamente las licitaciones colusorias, como lo contempla la Ley 42-08 sobre Defensa de la Competencia. Este cambio busca cerrar espacios a posibles acuerdos entre proveedores que distorsionen la competencia.
Libre competencia como principio rector
Otro aspecto resaltado por ProCompetencia es que la nueva legislación mantiene la libre competencia como uno de sus principios rectores, tal como recomendó la institución. Este principio promueve la participación del mayor número posible de oferentes en los procesos de contratación pública y evita la imposición de requisitos que limiten el acceso, lo que favorece especialmente a las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes).
Con estos elementos, la Ley 47-25 refuerza el compromiso del Estado con la transparencia, la eficiencia y la equidad en las contrataciones públicas, además de consolidar un entorno más competitivo y justo para los proveedores.
Compromiso institucional
ProCompetencia reafirmó su disposición de continuar trabajando en conjunto con la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas (DGCP) para asegurar la correcta implementación de la nueva normativa y garantizar que las licitaciones se realicen bajo criterios de igualdad, libre competencia y transparencia.
La institución subrayó que este marco legal representa un avance institucional clave para fortalecer la confianza ciudadana y combatir la colusión en los procesos de compras públicas, lo que incide directamente en una mejor gestión de los recursos del Estado.
