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Han pasado ya 18 días desde la muerte de un estudiante de 11 años durante una excursión organizada por su colegio, en Santiago, y el caso continúa envuelto en un manto de incertidumbre. A pesar del paso del tiempo, las circunstancias exactas que llevaron al fallecimiento de la niña no han sido esclarecidas por completo, lo que mantiene a su familia, compañeros, ya un amplio sector de la sociedad expectantes y exigentes de respuestas claras.
La menor participaba junto a un grupo de estudiantes en una actividad recreativa en una hacienda con piscina. Ese día, la excursión reunió a decenas de jóvenes, todos bajo la supervisión del centro educativo responsable de la salida. Se supone que el entorno debía contar con medidas mínimas de seguridad dadas las características del lugar y la presencia de menores. Sin embargo, tras el incidente, surgieron múltiples interrogantes sobre el cumplimiento de esos estándares.
Desde el momento del hecho, la reacción institucional ha sido señalada por su lentitud. Las autoridades competentes ordenaron cerrar temporalmente la piscina del complejo tras identificar deficiencias en las condiciones de seguridad, lo que deja entrever posibles negligencias. Aun así, familiares y allegados denuncian falta de transparencia: no se han difundido informes públicos concluyentes, ni informes de autopsia entregados a la familia de forma directa.
La familia de la niña ha expresado su inconformidad con el manejo del caso. Denuncian que el centro educativo no ha dado explicaciones satisfactorias sobre lo sucedido y que algunos de sus miembros habrían actuado con demora y sin la diligencia esperada tras el incidente. Además, alegan que se ha restringido el acceso a información clave: grabaciones de seguridad, lista de personas presentes, testimonios de testigos y otros elementos que podrían esclarecer lo ocurrido.
En paralelo, las autoridades judiciales afirmaron que la investigación sigue en curso. Han confirmado que se están revisando las condiciones del lugar, entrevistando a participantes de la excursión, analizando evidencias técnicas y recabando declaraciones de responsables del evento. No obstante, han limitado la divulgación pública de los avances bajo el argumento de que se encuentra en una fase preliminar que requiere reserva.
El silencio institucional ha generado un fuerte malestar social. Organizaciones de derechos humanos, sectores educativos, representantes comunitarios y ciudadanos comunes han expresado preocupación por la falta de claridad. Para muchos, este caso pone en evidencia deficiencias estructurales en la supervisión de actividades escolares, así como la necesidad urgente de reforzar los protocolos de seguridad en eventos que involucren menor-edad.
Además, la tragedia ha abierto un debate sobre equidad, discriminación y protección de derechos, ya que la menor pertenecía a una familia con raíces migrantes. Algunos analistas señalan que estos factores podrían haber influido en la rapidez y la calidad con la que se está manejando el proceso de investigación, lo que ha generado desconfianza y temor de que el caso termine impune.
Por su parte, la comunidad educativa ha sido convocada a revisar sus prácticas. Padres, maestros y directivos coinciden en que ninguna actividad recreativa debe realizarse sin una evaluación exhaustiva de riesgos. Esta tragedia ha reavivado el llamado a establecer regulaciones más estrictas, controles efectivos y responsabilidades claras en excursiones escolares u otras actividades similares que expongan a menores.
La familia de la menor ha expresado su deseo de que no solo se esclarezcan las causas reales de la muerte, sino que se haga justicia. Exigen que se identifiquen las responsabilidades correspondientes, se determine si hubo negligencia, supervisión deficiente o abuso de protocolos, y se sancione a quienes resulten responsables. Mucho más allá de un consuelo, lo que buscan es garantizar que ningún otro estudiante sufra una pérdida similar en circunstancias tan polémicas.
Mientras tanto, la sociedad sigue movilizada. El caso de Stephora ha generado muestras de solidaridad, protestas silenciosas, exigencias de transparencia y un clamor nacional por justicia. Muchas voces reclaman que este hecho no queda en el olvido, que se construye un precedente para mejorar la protección de los niños y que se refuerza el compromiso institucional con la vida y la seguridad de los menores.
La investigación continúa abierta. Pero para muchos, el paso del tiempo sin respuestas sólidas representa no solo un dolor innecesario, sino una herida abierta que exige sanación, verdad y responsabilidad institucional. El país guarda con esperanza y exigencia.
