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Redacción – El Dato. La jueza 44 penal del circuito con función de conocimiento de Bogotá, Sandra Liliana Heredia Aranda, determinó este lunes que el expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez (2002-2010) es penalmente responsable del delito de soborno de testigos en actuación penal, en el marco de un proceso que se remonta a 2012 y que ha marcado un precedente en la historia judicial del país.
Durante una audiencia que se extendió por más de seis horas, la jueza Heredia concluyó que Uribe, de 73 años, ofreció beneficios a personas privadas de la libertad —por medio de intermediarios— con el propósito de manipular testimonios a su favor en procesos judiciales que lo vinculaban con grupos paramilitares.
Según detalló la magistrada, Uribe —fundador del partido Centro Democrático— utilizó a su abogado Diego Cadena para contactar al exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, preso en Bogotá, con el fin de que modificara su testimonio, dejara de incriminarlo por supuestos nexos con el paramilitarismo en Antioquia y, además, acusara al senador Iván Cepeda de presuntas acciones ilegales.
“El primer soborno en actuación penal, en cuanto a la materialidad de la conducta punible, ha quedado acreditado”, declaró Heredia, subrayando que las acciones del abogado Cadena, en representación de Uribe, buscaban condicionar declaraciones clave en los casos que involucraban al exmandatario.
Origen del proceso: de denunciante a investigado
El caso se originó en 2012, cuando Uribe denunció al entonces congresista Iván Cepeda por presuntamente haber conseguido testimonios falsos que lo vinculaban con el nacimiento del paramilitarismo en Antioquia. No obstante, tras la recopilación de pruebas por parte de la Corte Suprema de Justicia, se estableció que Cepeda no había incurrido en ninguna falta y que, por el contrario, había sido víctima de una estrategia para manipular testigos. Esto llevó a que la investigación cambiara de rumbo y que el exmandatario se convirtiera en el principal investigado.
Próximas decisiones y reacciones institucionales
La audiencia continuará para determinar si Uribe es también responsable de los otros delitos que le imputa la Fiscalía: fraude procesal y soborno. En caso de ser hallado culpable, la sentencia podría oscilar entre seis y doce años de prisión, lo que marcaría un hecho sin precedentes al tratarse del primer juicio penal en primera instancia contra un expresidente colombiano.
La Corporación de Jueces y Magistrados de Colombia (Corjusticia) expresó su respaldo a la jueza Heredia y pidió a las autoridades garantizar su seguridad, así como la independencia del poder judicial. En un comunicado, la organización destacó la “importancia de la autonomía judicial” y llamó a respetar el proceso legal en curso.
“El ejercicio de la función judicial debe estar libre de presiones o interferencias externas”, subrayó Corjusticia, que también exhortó al Gobierno nacional y al Consejo Superior de la Judicatura a adoptar las medidas de protección necesarias para salvaguardar a los jueces del país.
El caso continúa generando un fuerte impacto en la esfera política y judicial colombiana, y mantiene la atención nacional e internacional sobre su desenlace.
