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El dirigente social y político Juan Hubieres se pronunció con firmeza sobre un caso que ha generado atención en Santo Domingo Norte y advirtió que la Policía Nacional y agentes del Dicrim podrían enfrentar demandas legales por su actuación en un procedimiento que involucra a choferes de esa demarcación. La advertencia se produjo tras una serie de denuncias que indican posibles irregularidades en la forma en que se manejó la intervención.
Hubieres señaló que, de acuerdo con información recabada por su equipo, la actuación de algunos agentes podría haber excedido los límites de la legalidad, lo que abre la puerta a demandas por parte de los afectados. “Cuando se trabaja en la seguridad ciudadana no se puede violar la ley ni los derechos de las personas. La Policía y el Dicrim tienen un mandato claro, pero también un marco de respeto que no puede ser rebasado”, sostuvo el dirigente en sus declaraciones públicas.
El caso involucra a varios choferes de Santo Domingo Norte que, según versiones recogidas, fueron abordados por agentes en circunstancias que ahora están siendo cuestionadas por abogados, líderes comunitarios y organizaciones sociales. Hubieres aseguró que los procedimientos que se aplicaron podrían no ajustarse a los protocolos e instó a las autoridades a revisar cada paso del operativo para esclarecer los hechos.
Hubieres expresó que si se comprueba que los derechos de las personas intervenidas fueron vulnerados, tanto la Policía como los agentes del Dicrim deberán responder por sus actos ante los tribunales competentes. Aseguró que pedir demandas no es un acto de confrontación, sino una forma de garantizar que se respete la legalidad y que los ciudadanos no queden desprotegidos frente a posibles abusos de poder.
Enfatizó que el debido proceso y la presunción de inocencia deben ser pilares en cualquier actuación estatal, y que cuando estos principios son puestos en duda la respuesta debe ser firme. “No se trata de cuestionar el trabajo de las fuerzas de seguridad, se trata de exigir que ese trabajo se realice con respeto a la ley y a los derechos humanos”, manifestó.
La preocupación de Hubieres también se extiende a la administración de justicia. Señaló que es importante que el sistema judicial actúe de manera imparcial ante cualquier demanda que pueda surgir de este caso, y que se garantice que la verdad salga a la luz. Insistió en que los tribunales deben ser un espacio donde se resuelvan controversias sin presiones, respetando la Constitución y las leyes.
Además, hizo un llamado a los choferes y a los ciudadanos en general para que estén atentos a sus derechos y acudan a mecanismos legales si consideran que han sido objeto de injusticias. El dirigente destacó la importancia de la organización comunitaria para que estos casos no se pierdan en el olvido y para que sirvan de lección para acciones futuras.
Parte de su advertencia incluyó la solicitud de que se presenten pruebas claras sobre las actuaciones que se cuestionan. Indicó que no basta con denuncias verbales, sino que deben existir documentaciones, testigos y evidencia que respalde cualquier acusación formal en contra de los agentes involucrados. “Quien afirma algo debe comprobarlo”, dijo, resaltando la necesidad de fortalecer las denuncias con bases sólidas.
Además, Hubieres pidió que se respete la integridad de los choferes y que se evite cualquier tipo de estigmatización que derive de este caso. Señaló que los trabajadores del volante son una parte importante de la vida económica y social de Santo Domingo Norte y que deben ser tratados con dignidad.
Finalmente, reiteró que si las acciones de los agentes no se apegaron a la ley, se debe proceder con las demandas correspondientes ante las instancias judiciales. Aseguró que la comunidad y las organizaciones sociales estarán vigilantes para que, en caso de presentarse esas demandas, el proceso sea transparente y se respete el debido proceso para todas las partes involucradas. Esto, afirmó, contribuirá a fortalecer la confianza en las instituciones y en el Estado de derecho.
