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Santo Domingo.– La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, informó que el nuevo Código Penal de la República Dominicana incorpora sanciones más severas y figuras penales específicas para enfrentar con mayor eficacia los delitos de violencia de género y feminicidio.
Raful explicó que la legislación, aprobada recientemente, entrará en vigor dentro de un año, tiempo en el que las instituciones del sistema de justicia deberán capacitarse para su correcta aplicación.
“Habrá que prepararnos para conocer en detalle los nuevos tipos penales, cómo proceder en cada caso y garantizar que la norma se cumpla”, afirmó tras participar en la reunión semanal de seguimiento al Plan de Seguridad Ciudadana.
Entre los cambios, la funcionaria destacó que se amplía el enfoque legal sobre la violencia contra la mujer, incluyendo no solo el feminicidio íntimo (cometido por parejas o exparejas), sino también el feminicidio no íntimo y el feminicidio por conexión. Además, el nuevo código refuerza las sanciones contra la violencia psicológica, económica y patrimonial, formas que suelen preceder a hechos más graves.
“No siempre la violencia deja marcas visibles. Existe violencia emocional, control económico y otros mecanismos de sometimiento que a veces ni la propia víctima identifica. Debemos educar, sensibilizar e incentivar la denuncia para que el sistema pueda responder a tiempo”, expresó.
Raful subrayó que estas medidas responden a la realidad nacional, donde en las últimas semanas se han reportado casos de feminicidio de alto impacto. Recordó que muchas víctimas regresan con sus agresores, lo que aumenta el riesgo.
“Debemos romper ese círculo y garantizar que las víctimas acepten y mantengan la protección del Estado”, enfatizó.
Sobre la reciente detención del periodista Edward Ramírez, la ministra dijo que se investigan las circunstancias del hecho y se esperan los informes oficiales de la Policía Nacional y el Ministerio Público para ofrecer una posición definitiva.
Finalmente, Raful consideró que la implementación del nuevo Código Penal representa una oportunidad para coordinar acciones entre la Policía Nacional, el Ministerio Público, el Poder Judicial y las organizaciones sociales, con el objetivo de garantizar una protección integral a las mujeres.
“La violencia de género es un problema estructural que exige un compromiso sostenido de las autoridades y de toda la sociedad. Este nuevo marco legal puede marcar un antes y un después en la lucha contra los feminicidios en el país”, concluyó.
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