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Redacción – El Dato. La dirigente empresarial y asesora en gestión de residuos sólidos, Circe Almánzar, valoró positivamente el consenso alcanzado por la Cámara de Diputados y respaldado por el Senado en torno al proyecto que modifica la Ley General de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos (Ley 225-20). Su postura se diferencia de la expresada por importantes gremios industriales, turísticos y de mipymes, quienes han criticado duramente la iniciativa.
Almánzar resaltó que el proceso de diálogo entre el Congreso y el sector privado permitió atender preocupaciones clave, como la moderación de la contribución anual obligatoria de las empresas, lo que calificó como “un avance hacia una política ambiental más equilibrada y sostenible”.
En relación con los porcentajes obligatorios de uso de residuos en materiales, Almánzar consideró acertado que dichos valores hayan sido delegados a futuras normativas técnicas, cuya construcción, enfatizó, debe realizarse mediante un proceso participativo, técnico y transparente entre el Ministerio de Medio Ambiente y los sectores involucrados.
Asimismo, aclaró que la nueva definición y distancia para las plantas de valorización —introducida en el texto aprobado— solo aplica a aquellas instalaciones destinadas a la clasificación y separación de residuos sólidos urbanos y de manejo especial, sin afectar las enfocadas en residuos prioritarios, que seguirán reguladas por los lineamientos vigentes de la ley actual.
También puntualizó que la recolección de residuos sólidos sigue siendo una responsabilidad de los gestores autorizados, como los ayuntamientos, según lo establece la legislación vigente. Esta disposición, recordó, no es una novedad de la reforma, sino una reafirmación del marco normativo actual.
Finalmente, Almánzar instó al Poder Ejecutivo a promulgar la ley, reconociendo el esfuerzo de consenso alcanzado por ambas cámaras legislativas.
Fuerte oposición de gremios empresariales
La posición de Almánzar contrasta con la postura de diversos gremios del sector privado. La Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana (Asonahores) expresó su desacuerdo con la reforma, señalando que fue aprobada sin el debido rigor técnico ni análisis de impacto ambiental y económico, y advirtiendo que podría afectar la sostenibilidad del sector, su competitividad y la autonomía municipal.
Por su parte, la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD) criticó el proyecto por el supuesto aumento “desproporcionado” de la contribución especial que deberán pagar las empresas, sin contar con estudios técnicos que justifiquen dicho incremento.
También se manifestó en contra la Confederación Dominicana de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Codopyme), advirtiendo que la modificación a la Ley 225-20 representa una amenaza directa a la viabilidad de más de un millón de mipymes en todo el país.
La decisión final sobre la promulgación o no del proyecto ahora queda en manos del Poder Ejecutivo.
