La Paz.– El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, promulgó la ley que autoriza un financiamiento de aproximadamente US$1,900 millones del Fondo Monetario Internacional (FMI), recursos destinados a respaldar el programa de reformas económicas del Gobierno y fortalecer las reservas internacionales del país.

La promulgación de la norma se produjo después de que el proyecto fuera aprobado por la Asamblea Legislativa Plurinacional y publicado posteriormente en la Gaceta Oficial de Bolivia. La legislación establece las condiciones bajo las cuales se ejecutará el financiamiento acordado con el organismo internacional.

¿En qué consiste el acuerdo con el FMI?

El financiamiento contempla 1,369 millones de Derechos Especiales de Giro (DEG), equivalentes a unos US$1,900 millones, mediante el Servicio Ampliado del Fondo (SAF).

De acuerdo con la información oficial, los recursos estarán orientados a fortalecer las reservas internacionales y atender los desequilibrios fiscales y externos que enfrenta Bolivia.

El programa tendrá un plazo de desembolso de hasta 36 meses, mientras que el período de amortización comenzará después de cuatro años y seis meses. El plazo de repago puede extenderse hasta 10 años desde cada desembolso. La tasa de interés establecida inicialmente es de aproximadamente 3.47 %, aunque puede variar según la cotización de los DEG.

Eliminación del subsidio al diésel

La entrada en vigor del acuerdo ocurre en medio de importantes medidas económicas adoptadas por el Gobierno boliviano.

Entre ellas se encuentra el levantamiento de la subvención al diésel, una decisión anunciada por Paz que modificó de manera significativa el precio del combustible.

Con la eliminación del subsidio, el litro de diésel pasó de 9.80 bolivianos a 17.95 bolivianos, según los datos divulgados tras la medida. El Gobierno también se comprometió dentro del programa económico a avanzar hacia la eliminación de las subvenciones a los combustibles.

La decisión forma parte de un conjunto de medidas destinadas a reducir las presiones fiscales y corregir los desequilibrios económicos del país.

Bolivia busca fortalecer sus reservas

Uno de los principales objetivos del acuerdo con el FMI es mejorar la posición externa de Bolivia mediante el fortalecimiento de sus reservas internacionales.

El Gobierno boliviano sostiene que el financiamiento permitirá recuperar capacidad financiera y facilitar el acceso a otras fuentes de recursos multilaterales.

Durante el proceso de aprobación legislativa, el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Christian Morales, explicó que el acuerdo podría facilitar el acceso de Bolivia a financiamiento adicional de organismos internacionales.

Según lo informado durante la aprobación del acuerdo, el país podría acceder a más de US$5,000 millones adicionales provenientes de otras instituciones financieras internacionales.

Aprobación en el Congreso

La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de financiamiento el 17 de septiembre, con un respaldo superior a dos tercios.

Un día después, la Cámara de Senadores hizo lo propio y concluyó el tratamiento legislativo de la iniciativa, que posteriormente fue remitida al Poder Ejecutivo para su promulgación.

La norma finalmente promulgada corresponde a la Ley 1765, publicada en la Gaceta Oficial de Bolivia.

Un programa de reformas económicas

El acuerdo con el FMI forma parte de un programa de estabilización de mayor alcance para la economía boliviana.

El Gobierno de Paz busca reducir el déficit fiscal, fortalecer las reservas, mejorar las condiciones de acceso a financiamiento y establecer medidas destinadas a recuperar la capacidad productiva.

Entre los compromisos asociados al programa figuran una mayor disciplina monetaria, cambios en el régimen cambiario y reformas estructurales orientadas a impulsar la productividad y la inversión.

Las medidas, especialmente las relacionadas con los subsidios a los combustibles, han generado cuestionamientos y rechazo de sectores sindicales y sociales que advierten sobre posibles efectos en los hogares y el costo de vida. El Gobierno, por su parte, ha anunciado mecanismos de apoyo para sectores considerados vulnerables.

El reto económico de Bolivia

La promulgación del acuerdo con el FMI coloca a Bolivia ante una nueva etapa de reformas económicas.

El Gobierno deberá ejecutar los compromisos establecidos en el programa mientras intenta estabilizar las finanzas públicas, recuperar las reservas internacionales y garantizar el suministro de combustibles.

El financiamiento internacional representa una fuente importante de liquidez para la administración de Paz, pero su implementación estará acompañada de medidas económicas que pueden tener efectos sobre las cuentas públicas, los precios y distintos sectores de la población.

Con la entrada en vigencia de la Ley 1765, Bolivia inicia formalmente la ejecución del marco legal que permite acceder al financiamiento de aproximadamente US$1,900 millones y avanzar en el programa de reformas acordado con el FMI.