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Santo Domingo, República Dominicana – [Fecha]
La Asociación de Agentes y Empresas Inmobiliarias (AEI) valoró como positiva la intención del Congreso Nacional de modernizar el régimen legal de alquileres en República Dominicana, al considerar que representa un avance significativo en términos de seguridad jurídica, ordenamiento contractual y regulación integral del sector inmobiliario.
No obstante, la organización advirtió que el proyecto en discusión contiene puntos críticos que requieren ajustes técnicos para evitar efectos adversos en la inversión, la propiedad privada y el ejercicio profesional de la intermediación inmobiliaria.
Avances y preocupaciones señaladas por la AEI
En un documento de posición enviado a las comisiones legislativas responsables, la AEI reconoció elementos innovadores del proyecto como:
- La bancarización del depósito de garantía
- La posibilidad de incorporar pólizas de seguro en lugar de depósitos
- Un procedimiento de desalojo más ágil y equilibrado
Sin embargo, su presidente, Alberto Bogaert, advirtió que ciertas disposiciones pueden debilitar pilares fundamentales del marco legal vigente y generar un clima de incertidumbre para la inversión formal en el sector.
“Desde la AEI vemos con buenos ojos el esfuerzo de modernización. Es una reforma necesaria. Pero hacemos un llamado a que esta ley se apruebe de forma equilibrada y sin excesos que puedan dañar la confianza en el mercado inmobiliario”, afirmó Bogaert.
Riesgos identificados por la AEI
Entre los aspectos más preocupantes del proyecto, la AEI señaló:
- Tipificación penal desproporcionada: se contempla imponer hasta cinco años de prisión a propietarios que no agoten el proceso judicial de desalojo, lo que penaliza un conflicto civil y vulnera el derecho de propiedad.
- Imposición automática de gastos legales al propietario, en contradicción con el artículo 1593 del Código Civil, que establece que los costos deben ser asumidos por la parte que más interés tiene en el acto.
- Omisión de los intereses del depósito de garantía, lo que representaría un retroceso respecto a la Ley 4314, actualmente vigente.
- Ambigüedad entre depósito y renta anticipada, lo cual podría afectar el esquema contractual habitual de “2 depósitos + 1 mes de renta”.
- Desplazamiento del rol del agente inmobiliario profesional, al abrir espacio a prácticas informales que podrían excluir a intermediarios regulados, afectando también la ley de servicios inmobiliarios en proceso de discusión.
Compromiso con una ley justa y funcional
La AEI reiteró su respaldo al proceso de modernización, pero insistió en que se requieren ajustes técnicos clave para garantizar que la nueva normativa sea justa, funcional y sostenible.
“Penalizar al propietario por un conflicto civil, o alterar prácticas contractuales efectivas, puede enviar un mensaje negativo al sector. Necesitamos una ley que incentive la inversión y que preserve el rol del agente inmobiliario profesional”, concluyó Bogaert.
La entidad reafirmó su disposición a colaborar activamente con el Congreso Nacional y demás actores públicos y privados, con el fin de lograr una legislación que beneficie por igual a propietarios, inquilinos y profesionales del sector inmobiliario.
