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El debate sobre la reforma del Código Procesal Penal volvió a ocupar la atención de los legisladores, luego de que varios diputados solicitaran disponer de mayor tiempo para estudiar a profundidad las modificaciones planteadas. La petición surge en un contexto en el que se discuten cambios importantes sobre procedimientos, de coerción y responsabilidades de los actores del sistema de justicia, aspectos que requieren medidas que requieren análisis minucioso para evitar decisiones apresuradas.
Los diputados argumentaron que cualquier modificación al Código Procesal Penal tiene un impacto directo en el funcionamiento de los tribunales, el Ministerio Público, la defensa técnica y los ciudadanos. Por esa razón, insistieron en que la revisión debe realizarse con tiempo suficiente, cuidando que cada artículo, cada término jurídico y cada procedimiento propuesto sea examinado con responsabilidad.
El Código Procesal Penal es una de las piezas legislativas más sensibles del sistema judicial, ya que determina cómo se desarrolla un proceso penal desde su inicio hasta la sentencia final. Abarca temas como arrestos, investigación, presentación de cargos, medidas de coerción, plazos procesales, acuerdos, juicios y recursos. Cualquier ajuste en estos elementos cambia la dinámica de la justicia penal y afecta a miles de personas involucradas en procesos judiciales cada año.
Los legisladores destacaron que las reformas propuestas incluyen cambios en temas que han generado un amplio debate nacional, como la aplicación de la prisión preventiva, los criterios de investigación penal y las garantías de los imputados y las víctimas. En ese sentido, subrayaron que una modificación tan trascendental debe construirse sobre la base del consenso y la comprensión detallada de cada artículo.
Algunos diputados indicaron que aún existen puntos del proyecto que requieren clarificaciones técnicas, explicaciones adicionales y comparaciones con legislaciones de otros países para asegurar que los ajustes estén alineados con los estándares modernos de justicia. También señalaron que el documento actual contiene elementos que deben analizarse con especialistas en derecho penal, procesal y constitucional, de manera que la reforma no genere vacíos o contradicciones legales.
La solicitud de más tiempo responde también a la necesidad de que las comisiones legislativas puedan recibir observaciones de sectores profesionales como abogados litigantes, jueces, académicos y organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos humanos. Estos sectores, afirmaron los diputados, poseen experiencias prácticas valiosas que pueden evitar errores en la redacción final.
Además, algunos congresistas resaltaron que la sociedad dominicana observa con atención este proceso debido a la importancia de contar con un Código Procesal Penal moderno, transparente y eficaz. Los ciudadanos esperan que los legisladores actúen con la mayor responsabilidad posible, ya que las reformas pueden influir en la lucha contra la delincuencia, la eficiencia de las investigaciones y las garantías de que cada persona reciba un juicio justo.
Los diputados defendieron que una revisión apresurada podría provocar inconsistencias, interpretaciones confusas o vacíos legales que más tarde complicarían el trabajo de los tribunales. Por eso, reiteraron que disponer de más tiempo no representa retraso, sino una inversión en calidad legislativa.
Aseguraron que la intención no es frenar el avance de las reformas, sino garantizar que el Código Procesal Penal resulte equilibrado, funcional y capaz de responder a los desafíos actuales del sistema penal. Enfatizaron que una buena reforma debe fortalecer la seguridad jurídica, mejorar la eficiencia procesal y ofrecer mayores garantías tanto para víctimas como para imputados.
Los legisladores concluyeron que la reforma del Código Procesal Penal debe convertirse en una oportunidad para modernizar el sistema de justicia, y para lograrlo se necesita un proceso de evaluación responsable, transparente y basado en el análisis profundo de cada modificación. Por ello, insistieron en que la solicitud de más tiempo es un paso necesario para asegurar que el resultado final beneficie al país y genere mayor confianza en las instituciones encargadas de impartir justicia.
