|
Getting your Trinity Audio player ready...
|
La facturación electrónica en contrataciones públicas será ahora de uso obligatorio en los procesos que involucran compras del Estado, según dispusieron la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP). Ambas instituciones presentaron esta medida como un paso decisivo hacia la modernización, simplificación y transparencia de la gestión pública.
Desde el inicio de su anuncio, las autoridades explicaron que la implementación de la facturación electrónica en contrataciones públicas responde a una necesidad de fortalecer la trazabilidad de las transacciones, reducir los errores manuales y garantizar un mayor control fiscal. Enfatizaron que este sistema permitirá optimizar el flujo de información entre proveedores y entidades gubernamentales, incrementando la eficiencia en todas las etapas del proceso de compra.
La medida establece que todas las facturas emitidas dentro de los procedimientos de compras públicas deberán generarse utilizando el modelo de facturación electrónica aprobado por la DGII. Este formato digital cumple con los estándares de seguridad, integridad y verificación, asegurando que cada documento refleja con precisión las operaciones realizadas. Al mismo tiempo, permite un registro centralizado que facilita auditorías y consultas futuras.
Una de las principales ventajas señaladas por las instituciones es la transparencia que aporta la facturación digital. El nuevo esquema reduce el margen de discrecionalidad, elimina la posibilidad de modificaciones o extravíos de documentos físicos y permite que la información sea accesible en tiempo real. Esto no solo fortalece los controles internos, sino que también incrementa la confianza de los ciudadanos y del sector privado en los procesos públicos.
Además, la implementación de la facturación electrónica en contrataciones públicas disminuirá los tiempos de pago, ya que la verificación de documentos será automática y más rápida. Los proveedores del Estado podrán gestionar de manera más ágil sus cobros, evitando retrasos generados por errores de documentación o procesos manuales. La digitalización también reducirá costos operativos, tanto para las instituciones públicas c
El uso obligatorio de este sistema forma parte de la estrategia nacional de transformación digital. La DGII ha venido desarrollando un ecosistema tecnológico que permite la correcta emisión, recepción y validación de facturas electrónicas, mientras que la DGCP trabaja en la integración de estas funcionalidades dentro de su plataforma transaccional. El objetivo es que ambos sistemas operen de forma sincronizada, brindando una experiencia sencilla, segura y eficiente a los usuarios.
Asimismo, las autoridades informaron que se ofrecerán capacitaciones, guías técnicas y acompañamiento a las empresas proveedoras, especialmente a las micro, pequeñas y medianas empresas, para asegurar su correcta adaptación al nuevo formato. Se busca que ningún proveedor quede excluido del proceso por falta de conocimiento o herramientas, garantizando una transición ordenada y equitativa.
Otra de las metas del proyecto es fortalecer la lucha contra la evasión fiscal y las prácticas fraudulentas. La facturación electrónica en contrataciones públicas permitirá identificar irregularidades de manera más rápida y precisa, debido al registro inmediato de cada transacción y la sincronización automática con los sistemas tributarios. De esta forma, las instituciones podrán detectar patrones sospechosos, verificar la autenticidad y prevenir prácticas desleales.
La implementación de esta medida también se alinea con estándares internacionales y mejores prácticas aplicadas en países con sistemas fiscales avanzados. Las autoridades destacaron que esta modernización coloca al país en un nivel competitivo dentro de la región, posicionándolo como referente en materia de digitalización del Estado y transparencia pública.
En conclusión, la disposición que establece la obligatoriedad de la facturación electrónica en contrataciones públicas representa un avance significativo para la administración estatal. Su impacto se reflejará en mayor eficiencia, mejor control tributario, fortalecimiento de la trazabilidad documental y una relación más fluida entre el Estado y sus proveedores. Las instituciones reafirmaron su compromiso de seguir impulsando innovaciones que fortalezcan la gestión pública y promuevan la integridad de todos los procesos administrativos.
