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Santo Domingo, RD. – La Asociación de Contratistas y Suplidores del Estado (ACS) encendió las alarmas este jueves ante una disposición incluida en la recién aprobada Ley de Compras y Contrataciones Públicas, que asignaría a las aseguradoras el rol de «garantes solidarios» de los proveedores en procesos estatales.
Ricardo González Hernández, director ejecutivo de la ACS, denunció que esta medida vulnera el marco jurídico actual, específicamente el artículo 67 de la Ley 146-02 sobre Seguros y Fianzas. Este artículo establece que las aseguradoras no pueden asumir obligaciones solidarias con los deudores, limitando su responsabilidad mediante el beneficio de excusión, que les permite exigir primero el cobro al deudor principal antes de responder como fiadoras.
“Esta disposición rompe con la protección jurídica otorgada a las aseguradoras y podría impactar negativamente los procesos de contratación pública”, advirtió González Hernández a través de sus redes sociales.
El directivo también cuestionó la forma en que fue aprobada la nueva normativa en la Cámara de Diputados, asegurando que entidades clave del sector —como la Superintendencia de Seguros y la Cámara Dominicana de Aseguradores y Reaseguradores (Cadoar)— no fueron consultadas durante el proceso legislativo.
“La falta de diálogo con estos actores estratégicos es preocupante, más aún cuando esta ley está próxima a ser sancionada en el Senado”, subrayó González.
La ACS hizo un llamado urgente a los legisladores para que revisen el articulado antes de su aprobación definitiva, advirtiendo sobre las consecuencias legales y económicas que podría acarrear para el sector asegurador y para el propio sistema de contrataciones del Estado.
Finalmente, la Asociación insistió en la necesidad de una legislación coherente con el marco legal vigente y basada en principios de seguridad jurídica y eficiencia administrativa, en resguardo de los intereses del Estado y del sector privado.
