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Santo Domingo.- El Ministerio Público solicitó la noche del miércoles prisión preventiva , como medida de coerción, contra diez personas implicadas en una estructura de corrupción administrativa , integrada por militares y civiles, enfrentada mediante la Operación Lobo . La red se valía de la distribución de sobornos para obtener y mantener contratos de seguridad privada en distintas instituciones públicas.
La procuradora de corte Mirna Ortiz , titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) , encabezó el equipo de fiscales que depositó la solicitud de medida de coerción ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional .
“Es importante destacar que esta operación apenas inicia y, como en todas nuestras investigaciones, podrían producirse más arrestos y sometimientos en este proceso”, explicó Ortiz.
La funcionaria detalló que hasta el momento se ha identificado una suma superior a los 100 millones de pesos pagados en sobornos , y que el Ministerio Público cuenta con más de 500 pruebas para sustentar las acusaciones en esta primera fase del proceso.
La solicitud de prisión preventiva abarca al mayor general retirado del Ejército Carlos Ambrosio Robles Díaz , ya los coroneles Andrés Pacheco Varela , Luis Ernesto Vicioso Bocio , Francisco Guarín Fernández y Elías Camaño Pérez . También al coronel de la Fuerza Aérea Yorbyn Eduardo Eufracio Aybar , al primer teniente del Ejército Wellington Peralta Santos , al empresario Quilvio Bienvenido Rodríguez González , al coronel de la Policía Ramón Quezada Ortiz y al civil Bolívar Nicolás Fernández Espinal .
El Ministerio Público solicitó, además, que el caso sea declarado complejo por la magnitud de la estafa y la afectación a varias instituciones públicas, entre ellas el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (INAIPI) , el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) , y las empresas distribuidoras de electricidad EdeNorte , EdeEste y EdeSur .
El titular de la Pepca enfatizó que todo aquel implicado en esta red será sometido a la justicia: «Esto apenas comienza. Inicia la etapa preparatoria que abre la fase de investigación, así que vamos por más», afirmó.
La pesquisa se originó a raíz de una denuncia presentada por la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental , que alertó al Ministerio Público sobre las irregularidades en procesos de contrataciones de seguridad en instituciones estatales.
