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La Romana, R.D. – Este viernes 11 de julio, la Corte Penal de Apelación de San Pedro de Macorís conocerá el recurso interpuesto por los familiares de Omar Humberto Jiménez Montas, un joven asesinado a tiros el 7 de febrero de 2019, tras ser perseguido y emboscado en plena vía pública en La Romana.
El caso ha causado profunda indignación pública, debido a la baja condena impuesta al principal acusado y la controvertida decisión judicial que le permite cumplir la pena en libertad, pese a haber sido declarado culpable.
Buanerges Alejandro Roberts Carrasco, hallado culpable de disparar con intención homicida contra Jiménez, fue condenado a 10 años de prisión, pero no guarda prisión preventiva. La sentencia fue emitida sin esperar que adquiera firmeza, ya que el tribunal varió la medida de coerción antes de tiempo, lo que ha sido duramente cuestionado.
“A Omar lo mataron dos veces: una con el disparo, otra con esa sentencia. Y ahora lo rematan dejándolo libre”, expresó su hermana durante una entrevista.
El abogado de la familia, Jean Cristofer Pérez Lebrón, sometió el recurso de apelación denunciando que la sentencia contiene graves contradicciones y carece de fundamento jurídico sólido. Entre los puntos más cuestionados está la interpretación del informe forense del Dr. Leonardo Radney, quien concluyó que el disparo entró por la palma de la mano, salió por el antebrazo y se alojó en el hombro, lo que indica que la víctima intentó protegerse del ataque.
“Es una sentencia jurídicamente débil y moralmente inaceptable. Permitir que se cumpla en libertad es un insulto a la justicia y a la sociedad”, afirmó Pérez.
Además del fallo contra Roberts Carrasco, también fueron absueltos Alberto Rodríguez y Wilkin Castillo Mercedes, señalados como presuntos cómplices en la emboscada. Esa decisión también ha sido apelada por la parte querellante.
La familia de la víctima espera que, en esta audiencia, la Corte revoque la sentencia original y emita un nuevo fallo que refleje la gravedad de los hechos, respete el derecho a la vida y restablezca la confianza en el sistema de justicia.