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Santo Domingo. – De manera sorpresiva, el Gobierno dominicano , a través de la Dirección de Estrategia y Comunicación Gubernamental (DIECOM) , ha ordenado la disolución de la Dirección de Relación con los Medios Locales , dejando sin empleo a más de 50 comunicadores, técnicos y representantes provinciales que, durante años, dieron seguimiento y difusión a las ejecutorias gubernamentales en todo el territorio nacional.
La medida fue notificada a través de una comunicación oficial firmada por el vocero del Gobierno, Homero Figueroa , y enviada por Gisela Danilsa Gómez Castro , donde se informa que, a partir del 14 de abril de 2025 , quedan sin efecto los vínculos laborales con dicha dependencia. A los afectados se les solicitó entregar de inmediato la documentación a la Dirección de Recursos Humanos.
Entre los desvinculados figuran periodistas y comunicadores con amplia trayectoria en medios locales y comunitarios , quienes fungieron como enlaces informativos entre el Gobierno y las distintas provincias del país. Muchos de ellos participaron activamente durante la campaña electoral del 2024.
La lista de cancelados incluye nombres como:
Narciso Marcelino Minaya Toribio, Néstor José de la Cruz Mejía, Federico Reynoso Benzán, Hamlet Ernesto Mota Portes, Yaeli Karina Báez Guerrero, Logan Jiménez Ramos, Cecilia Ybelis Jiménez Pérez, Delvi Santos Benzán, Antonia Jiménez Santos, Virgilio Ramón Méndez, Edy Antonio Muñoz José, entre otros.
Además, se incluyen profesionales como:
Fernando Romero Lebrón, Kessia Magnolia Cuevas Ariza, José Antonio Vásquez González, Danyero Read Torres, Vitelio Mejía Sandoval, Lizauri Báez, Ricardo Daniel Robles Morrobel, Salvador Diomiris Ramírez Peña , y muchos más en representación de distintas regiones del país.
Denuncian atropello y contradicción
Los afectados denunciaron que esta acción representa un atropello laboral y profesional , bajo el argumento oficial de una supuesta reducción de gastos . Sin embargo, califican la decisión como contradictoria , señalando el alto presupuesto que el Gobierno mantiene para publicidad estatal , dirigida casi exclusivamente a grandes corporaciones mediáticas , excluyendo a comunicadores comunitarios, independientes y medios digitales.
«Fuimos utilizados para promover la imagen del Gobierno en los territorios durante el proceso electoral. Ahora que pasó la campaña, simplemente nos desechan», denunció uno de los desvinculados.
Algunos han calificado la medida como un duro golpe a la democracia, a la libertad de prensa ya la pluralidad informativa , afectando a quienes por años sirvieron como puente entre las instituciones y las comunidades.
Hasta el momento, las autoridades no han emitido declaraciones adicionales sobre las razones de fondo para esta decisión ni sobre la posible reestructuración de la dependencia eliminada.