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El Parlamento Europeo votó hoy a favor de posponer la aplicación de la Directiva sobre diligencia debida en materia de sostenibilidad corporativa (CSDDD) y la Directiva sobre información sobre sostenibilidad corporativa (CSRD), y ahora se requiere la aprobación final del Consejo Europeo.
El Parlamento Europeo ha respaldado algunas de las propuestas clave del paquete ómnibus de la Comisión Europea presentado en febrero , que pretende retrasar el inicio de los requisitos de diligencia debida e informes de sostenibilidad uno y dos años, respectivamente.
La CDSDDD exigiría a las grandes empresas adoptar planes para mitigar su impacto climático, manteniendo la temperatura global por debajo de 1,5 °C con respecto a los niveles preindustriales, según el Acuerdo de París sobre el Clima. Según las nuevas propuestas, los Estados miembros tienen hasta julio de 2027 para transponer las normas a su legislación nacional, y la primera ola de empresas afectadas deberá cumplirlas a partir de 2028.
La CSRD entró en vigor a principios de 2024, introduciendo la obligación de informar sobre clima y energía para algunas empresas. El uso de certificados como las garantías de origen y los contratos de compra de energía renovable son las únicas formas reconocidas en el texto original para documentar el uso de energía renovable. El paquete ómnibus de febrero pretendía retrasar dos años el inicio de la presentación de informes para las empresas con más de 250 empleados, así como para las pymes, hasta 2028 y 2029, respectivamente.
El siguiente paso en el proceso legislativo requiere la aprobación formal del Consejo Europeo, que ya indicó un acuerdo en una posición inicial adoptada el 26 de marzo.
Además de retrasar las fechas de aplicación, la comisión también busca modificar el contenido y el alcance de ambas directivas. Cabe destacar que, en lo que respecta a los informes de sostenibilidad, los cambios dejarían al 80 % de las empresas fuera del alcance inicial .
Por Giulio Bajona
