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Lagos, Nigeria.- Un joven que ha pasado diez años en el corredor de la muerte en Nigeria por robar pollos y huevos recibirá el perdón y se salvará de la pena capital, según anunció el gobernador del estado de Osun, Ademola Adeleke. El mandatario aseguró que el caso del joven, Segun Olowookere, ha sido evaluado y que ha dado la orden de iniciar los trámites para otorgarle la clemencia, reconociendo que su condena ha estado marcada por la injusticia y la falta de proporcionalidad.
Adeleke expresó en un comunicado que «Osun es una tierra de justicia y equidad» y enfatizó que la protección de la vida humana debe ser una prioridad. «He leído sobre el caso y he decidido intervenir, pues debemos garantizar la equidad y la protección de la santidad de las vidas», añadió el gobernador, quien destacó que está siguiendo personalmente el caso.
El caso de Olowookere, que fue condenado a muerte a los 17 años por robar pollos y huevos en una granja avícola en el estado de Osun, generó controversia y preocupación por la severidad de la pena, sobre todo al considerar su corta edad y el valor mínimo de los objetos robados. En respuesta, el Instituto Mundial de la Paz, con sede en Nigeria, presentó una petición de clemencia, la cual fue respaldada por los padres de Olowookere, quienes han expresado su desesperación por la condena de su único hijo.
Olowookere fue arrestado en 2010 junto a su cómplice, Morakinyo Sunday, tras un asalto a la casa de un policía. Aunque los dos lograron escapar con los pollos y los huevos, fueron condenados a la horca en 2014 por el Tribunal Superior del Estado de Osun por robo y allanamiento. La dureza de la sentencia provocó indignación pública, pero, hasta ahora, no se había dado marcha atrás en la decisión judicial.
Nigeria no ha llevado a cabo ejecuciones desde 2016, aunque los tribunales continúan emitiendo sentencias de muerte, lo que mantiene la tensión sobre casos como el de Olowookere. La suerte de su compañero de crimen, Morakinyo Sunday, no ha sido aclarada, ya que su nombre no fue mencionado en el comunicado del gobernador.
Este caso resalta las tensiones entre la justicia punitiva y la clemencia en un país que sigue enfrentando debates éticos sobre la aplicación de la pena de muerte.
